Desde 2003 se pasó de 40.000 hectáreas concedidas para la exploración petrolera a más de 27 millones de hectáreas en la actualidad, señaló el director de Recursos Energéticos del Ministerio de Obras Públicas, Favio Lucantonio. 

En total, son nueve las compañías que poseen hoy los permisos de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos en Paraguay. 

De manera intermitente desde 1944 se realizaron diversos trabajos en busca de petróleo en el subsuelo de este país. El primer pozo lo perforó ese mismo año la compañía estadounidense Union Oil, autorizada por un decreto ley del entonces dictador Higinio Morínigo (1940-1948). 

Después vinieron otras empresas, como Pure Oil, Placid Oil, Pennzoil Company & Victory Oil Holdings, Esso Standard y Texaco, que realizaron trabajos similares. En total se perforaron 48 pozos en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, que junto con el de Presidente Hayes conforman la Región Occidental, en la porción paraguaya del Chaco sudamericano. 

Según documentos oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en todos los pozos fueron hallados indicios de la existencia de hidrocarburos. 

Pero la mayor parte de la información que las compañías recabaron fue llevada a sus oficinas centrales, todas en Estados Unidos, sin que quedara constancia en Paraguay de los hallazgos. Por ello en 2000, el gobierno del entonces presidente Luis González Macchi (1999-2003) contrató a la también firma estadounidense RDI para recuperar los estudios. 

Como forma de pago se autorizó a RDI a que utilizara comercialmente los datos obtenidos de siete de aquellas empresas. Los documentos debían ser entregados en 2004, coincidiendo con la finalización de un acuerdo de confidencialidad por 60 años firmado por Morínigo. 

"RDI recuperó los documentos y los procesó, pero ahora se desentiende y no quiere entregar toda la información aduciendo que le pertenece", explicó a IPS Lucantonio. 

En julio pasado, una misión oficial partió a Estados Unidos para intimar a RDI y volver con la documentación. Los negociadores consiguieron la información base, que representa cerca de 80 por ciento de los papeles, "pero faltan los datos reprocesados", explicó Lucantonio. 

En breve comenzará un litigio judicial para lograr la devolución completa a Paraguay de los estudios realizados décadas atrás, situación considerada por el analista e investigador Félix Lugo como "un capítulo más en la triste comedia que este país protagoniza de forma perpetua". 

Para Lugo, las acciones judiciales deberían haber comenzado antes de cualquier negociación. "Ahora, mientras se pierde tiempo, RDI sigue lucrando con la información", se lamentó. 

El auge actual por obtener hidrocarburos en Paraguay se debe a tres factores fundamentales, como son "un marco político adecuado, la existencia de un nuevo eje normativo y transparencia en el manejo de la información recabada", según Lucantonio. 

La llegada al gobierno en agosto de 2003 de Nicanor Duarte Frutos, propenso a esa política energética, la promulgación de la ley 779 de Hidrocarburos en 1995 y el compromiso oficial de compartir todos los datos disponibles con las empresas son en concreto esos elementos que impulsan las prospecciones. 

Actualmente, las firmas que más han avanzando en las tareas son la paraguaya Primo Cano Martínez y la británica CDS Oil & Gas Group PLC. 

La primera encontró gas en el departamento de Boquerón, a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia, y está esperando la certificación de sus estudios sobre las reservas para saber si es comercialmente explotable el yacimiento. 

Por su parte, CDS Oil & Gas Group PLC destacó a través de un comunicado que "ha identificado varios panoramas positivos" y tiene en marcha un plan de perforación de dos pozos gemelos, cercanos uno del otro, de los que también se obtuvieron muestras de hidrocarburos. 

Mientras los trabajos avanzan, los técnicos del gobierno solamente esperan la feliz noticia de los hallazgos, basados en un informe que se denomina "Anchovy", encargado por una firma petrolera transnacional. 

El documento establece que "en el subsuelo del departamento de Boquerón hay una reserva aproximada de entre 8.000 millones y 9.000 millones de barriles equivalentes de petróleo/gas", reveló a IPS un experto del Ministerio de Obras Públicas. 

También se refirió a la existencia de yacimientos en Argentina y en Bolivia cercanos a la frontera paraguaya, que producen hidrocarburos en abundancia. 

En la septentrional provincia argentina de Formosa, fronteriza con Paraguay, hay ocho pozos petroleros activos, siendo el más cercano el de Selva María a tan sólo ocho kilómetros de la línea divisoria, y el más lejano, Puesto La Entrada, que se encuentra a 45 kilómetros. 

Similar situación se presenta en la geografía boliviana. El yacimiento más cercano a Paraguay es el de gas natural denominado Algarrobilla y se encuentra a 73 kilómetros de la frontera, mientras que el más lejano, en las inmediaciones de la ciudad de Villamontes, procesa gas y petróleo a 95 kilómetros de la frontera. 

Pero al optimismo oficial se le interpone la crítica de Ricardo Franco Lanzetta, un abogado y economista especializado en asuntos de hidrocarburos, para quien el marco establecido por la ley 779 "es una barbaridad". 

El especialista, doctorado en derecho en la universidad argentina de La Plata y en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a IPS que la norma "está vinculada a los monopolios que hacen prospección, explotación y comercialización de hidrocarburos y está hecha a imagen y semejanza de los intereses de los grandes monopolios". 

Lanzetta identifica un "interés fáctico" detrás de la aprobación de la ley, que "en este caso es la firma Pure Oil Company". (FIN)